La salida forzada de Alejandro Gertz Manero evidencia irregularidades en la sucesión y el uso de procedimientos no previstos en la ley en México.
La gestión de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República en México ha estado marcada por controversias y procedimientos cuestionados legalmente. Nombrado en enero de 2019, su mandato debía ser de nueve años, pero una serie de acciones impulsadas por la presidencia generaron dudas sobre la legitimidad de su salida. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que presentara su renuncia, aunque no hubo una causa grave justificada ni un proceso legal adecuado, lo que contraviene los principios constitucionales de autonomía y debido proceso para este cargo. Además, la carta en la que supuestamente renunció fue interpretada como tal por los legisladores, pese a no cumplir con los requisitos formales de una renuncia legítima.
A esto se sumó la destitución de la fiscal de control para nombrar de inmediato a Ernestina Godoy, sin seguir los procedimientos establecidos, en lo que parecen ser acciones arbitrarias que, en un escenario ideal, serían rechazadas por los órganos judiciales independientes. La selección de la sucesión también evidencia una preferencia por candidatos cercanos al gobierno y a la propia presidenta, con un proceso que carece de transparencia y reglas claras. La historia refleja un intento de control político sobre una institución autónoma, con consecuencias que afectan la percepción de legalidad y autoridad en el sistema judicial mexicano.
Este escenario evidencia los retos que enfrentan las instituciones en un contexto de concentraciones de poder, donde los procedimientos y principios constitucionales son sometidos a decisiones políticas que podrían socavar la independencia del sistema judicial y la lucha contra la impunidad en el país.