El Senado aprueba la salida del fiscal general y designa a la consejera jurídica de Presidencia como encargada de despacho, en medio de cambios institucionales relevantes.
El pasado jueves, el Senado de la República aprobó por mayoría la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien será nombrado embajador en un país amigo, según comunicó en su carta de renuncia. La aprobación contó con 72 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. Como parte del proceso, la legislatura designó temporalmente a Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República, tras su nombramiento previo por parte de Gertz en un cargo interino.
La salida del fiscal se produce en un contexto de tensiones internas y cuestionamientos sobre su gestión, además de que fuentes gubernamentales reportaron molestias en el gabinete de seguridad por la falta de colaboración y filtraciones que afectaron la coordinación con instituciones como la Marina y la Defensa Nacional. La decisión de Gertz de aceptar un nuevo nombramiento también responde a su interés por continuar sirviendo a su país en una función diplomática, fortaleciendo así su vocación pública.
La transición en la Fiscalía ha generado expectativa en torno a los procedimientos formalizados para integrar una nueva instancia titular, los cuales están establecidos en la Constitución y leyes mexicanas. La designación definitiva del nuevo fiscal requiere un proceso de entrevista y votación en el Senado, que dispone de un plazo de 20 días para integrar una lista de candidatos y, posteriormente, seleccionar a la persona que asumirá oficialmente el cargo, eludiendo posibles objeciones o retrasos del Ejecutivo. Mientras tanto, la responsabilidad de la vigilancia institucional recae en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien debe garantizar una transición transparente y efectiva.
Este cambio en la máxima autoridad de la Fiscalía refleja las dinámicas políticas y las demandas de responsabilidad en las instituciones mexicanas, en un contexto donde la lucha contra la impunidad y la justicia son temas prioritarios del país.