Aspectos principales de la iniciativa que busca transformar el modelo electoral en México
El gobierno federal inició formalmente el proceso para la elaboración de la reforma electoral propuesta por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Este sábado se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será responsable de realizar un diagnóstico del estado actual del sistema electoral y de partidos políticos en el país. La finalidad es diseñar una propuesta que impulse cambios sustantivos en la estructura y funcionamiento del proceso electoral mexicano.
La comisión estará presidida por Pablo Gómez, quien recientemente dejó su cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su tarea será coordinar la elaboración de la reforma, que aún no tiene detalles definitivos, pero que ha generado distintas reacciones. Entre los aspectos más polémicos figura la propuesta de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos mediante voto popular, similar a la elección de los integrantes del Poder Judicial. Esta propuesta ha sido vista con preocupación por diversos sectores, que consideran que busca controlar al árbitro electoral.
La oposición y varios expertos han señalado que la iniciativa podría representar un intento de Morena de manipular la autoridad electoral, especialmente dado el historial de confrontaciones entre el partido y el INE desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no se trata únicamente de esa medida; la reforma plantea otros cambios importantes en el sistema electoral.
Uno de los puntos más controvertidos es la elección de consejeros electorales por voto popular. Esta idea no es nueva, pues fue incluida en la iniciativa presentada por López Obrador en su momento, con el argumento de evitar que los partidos políticos designen a los funcionarios electorales. No obstante, en el planteamiento de Sheinbaum, los candidatos serían propuestos por los Poderes de la Unión controlados por Morena, lo que ha generado inquietudes sobre posibles sesgos políticos en la designación.
Durante una conferencia de prensa el 4 de julio, Sheinbaum no descartó totalmente esta opción, señalando que “pudiera ser”, aunque aclaró que aún no está definida como una propuesta oficial del Ejecutivo. La oposición ha advertido que esta medida podría facilitar el control del proceso electoral en favor de Morena, y algunos analistas comparan la posible implementación con prácticas de décadas pasadas en las que el gobierno controlaba la organización de las elecciones.
Por otro lado, la reforma contempla la eliminación de los diputados y senadores de representación proporcional o plurinominales, un aspecto que ha generado debates internos dentro del propio partido. Sheinbaum ha señalado que busca que quienes quedaron en segundo lugar en las elecciones puedan acceder a cargos mediante representación de minorías, en lugar de obtenerlos por listas de partidos. La figura de los legisladores plurinominales ha sido criticada por su uso como premio para políticos controvertidos, ya que no depende de un voto directo, sino de las listas que elaboran los partidos.
Figuras como Alejandro Murat, Lilly Téllez, Gerardo Fernández Noroña, “Alito” Moreno y Marko Cortés han sido beneficiados con esta modalidad. Legisladores como Ricardo Monreal y Noroña han manifestado su oposición, argumentando que esta figura ha sido una herramienta democrática que garantiza la representación de partidos menores y que su eliminación podría reducir la pluralidad en el Congreso. En contraste, algunos analistas consideran que la desaparición de los plurinominales fortalecería la representación territorial y la vinculación con las comunidades.
Otro aspecto relevante de la reforma es la reducción de costos en los procesos electorales. Sheinbaum ha insistido en que el país puede hacer más con menos recursos y criticó el presupuesto asignado al INE para las elecciones, señalando que se pueden implementar mecanismos para hacer los procesos más transparentes y económicos. En línea con propuestas anteriores, se contempla que el Instituto asuma funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y de los Tribunales Electorales locales, con el fin de centralizar y simplificar la estructura del sistema electoral.
Asimismo, se propone reducir en un 50% las prerrogativas de los partidos políticos y explorar nuevas formas de financiamiento, incluyendo opciones privadas con límites estrictos. La intención es garantizar mayor transparencia en el financiamiento de campañas y evitar que recursos ilegales influyan en los procesos electorales.
Finalmente, la reforma también apunta a reducir el número de integrantes en los ayuntamientos, argumentando que en algunos municipios hay más ediles de los necesarios. La propuesta es limitar el número de regidores proporcionales a la población de cada municipio, siguiendo una idea similar a la planteada en administraciones anteriores, con el fin de optimizar la gestión municipal y reducir gastos.
Estos cambios forman parte de un plan de transformación del sistema electoral, impulsado por Claudia Sheinbaum en su programa de gobierno, que busca modificar aspectos estructurales y operativos para fortalecer la democracia en México y reducir costos y complicaciones en los procesos electorales.