Ciudad de México. – Una investigación periodística ha revelado una presunta red de contratos y proveeduría en el proyecto del Tren Interoceánico vinculada a personas cercanas a Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El esquema, que operó durante la ejecución de tramos ferroviarios estratégicos como la Línea K y la Línea Z, habría involucrado a operadores privados en el suministro de balasto y servicios de transporte, en proyectos con una inversión pública superior a 65 mil millones de pesos.
Desde el segundo semestre de 2023, el medio Latinus ha difundido audios, contratos y documentos oficiales que detallan la operación de esta red. Amílcar Olán, identificado como uno de los principales proveedores de material pétreo, firmó en enero de 2024 un contrato por 47.6 millones de pesos para el suministro de balasto en la Línea K. Según la investigación, este contrato replicó un modelo previamente aplicado en el Tren Maya.
Gonzalo López Beltrán habría participado como supervisor honorífico del Tren Interoceánico, interviniendo en la vigilancia de avances, la coordinación con contratistas y el seguimiento de necesidades operativas, aunque sin un nombramiento formal ni salario. Comunicaciones privadas citadas por Latinus dan cuenta de instrucciones directas sobre volúmenes de producción y tiempos de entrega.
La estructura del negocio habría priorizado la logística sobre la extracción del material, con un precio integral de 1,370 pesos por metro cúbico de balasto, de los cuales 870 pesos correspondían al transporte. Los operadores habrían descrito el flete como el principal generador de ingresos debido a la distancia recorrida.
El suministro de balasto se habría canalizado mediante empresas vinculadas a constructoras recurrentes en obras federales, destinándose a la rehabilitación de tramos ferroviarios en Oaxaca y Veracruz. Estos contratos se habrían asignado mientras avanzaban los trabajos de modernización del corredor interoceánico, operando la red de proveeduría de forma paralela a la ejecución de obra civil.
Audios difundidos por Latinus revelarían acuerdos internos para fijar cuotas de producción específicas, con exigencias de entregar hasta 500 mil metros cúbicos de material en periodos determinados, decisiones tomadas sin procesos públicos documentados.
La investigación también ha vinculado el esquema con el estado operativo de algunas líneas ferroviarias. Durante el periodo de ejecución del proyecto, la Línea Z registró un descarrilamiento con 14 personas fallecidas, aunque las autoridades no establecieron relación directa entre el contrato y el siniestro.
Adicionalmente, se documentó la participación de la banca de desarrollo. En junio de 2024, Amílcar Olán recibió asesoría de Nacional Financiera para integrarse al programa Cadenas Productivas, formalizando procesos de cobro y flujo de capital mientras mantenía contratos activos con el proyecto.
Pese a la difusión de audios y contratos, las auditorías legislativas sobre la asignación de recursos no habrían prosperado en el Senado, y el esquema de proveeduría habría continuado vigente hasta el cierre de la administración, replicando prácticas de otros proyectos ferroviarios federales.