La modificación en la código de amparo aún requiere aprobación en Cámara de Diputados y genera discusión sobre su impacto legal y político.
La reciente propuesta de reformar la ley de amparo en México ha sido objeto de debate y análisis en los ámbitos judicial y político. A pesar de que el Senado avaló cambios que incluyen la aplicación retroactiva de la ley, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó de manera contundente que esa disposición no será aceptada. La modificación, todavía en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, genera preocupación por su posible afectación a derechos adquiridos y a principios constitucionales.
Tradicionalmente, las leyes en México respetan el principio de legalidad y la no retroactividad, para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en contra de la retroactividad, resaltando que contradice los lineamientos constitucionales, mientras que integrantes del Congreso han anunciado intenciones de modificar ese aspecto para alinearlo con los estándares democráticos y jurídicos.
El presidente de la SCJN también comentó sobre la salud institucional del tribunal, destacando la productividad alcanzada en su primer mes de gestión, con la resolución de más de 100 casos relevantes y la incorporación de nuevos ministros que aportan proyectos y visión de futuro. Afirmó que, a diferencia de administraciones pasadas, hoy la Corte trabaja de manera más eficaz y con proyección de modernización, incluyendo el establecimiento de sesiones itinerantes para fortalecer la presencia en todo el país.
El tema de la reforma de amparo refleja una tensión entre un cambio legislativo necesario y la protección de principios fundamentales. La discusión continuará en el Congreso, mientras la Suprema Corte mantiene su postura de blindar los derechos constitucionales frente a modificaciones que puedan afectar la justicia y la legalidad en México.