Información descubierta en documentos manuscritos vincula al ex ministro de Transporte con empresas y posibles delitos de cohecho y corrupción en la contratación pública.
En el marco de una investigación judicial, se confirmó la participación del ex ministro de Transporte en una trama de coimas vinculadas a contrataciones de la Administración Nacional de Infraestructuras y Servicios (ANIS). La evidencia principal se encuentra en una serie de libretas manuscritas que contienen registros detallados –fechas, firmas, empresas y porcentajes de repartición de fondos– y que en varias páginas incluyen el nombre del ex funcionario y su empresa GMS. Estas libretas, presuntamente propiedad del lobbyista Miguel Ángel Calvete, revelan un circuito organizado donde empresas, miembros de la mafia de contratos y funcionarios públicos habrían repartido millones de pesos en pagos ilícitos.
Los documentos muestran una relación entre Randazzo y GMS, quien, según los registros, participó en licitaciones estatales por varios millones de dólares en los últimos años. Es importante destacar que en el pasado, esta misma firma obtuvo contratos con distintas dependencias del Estado, incluido un acuerdo para gestionar el alumbrado público mediante un sistema de telegestión, licitación en la que participó cuando Randazzo ya no ocupaba cargos oficiales.
La investigación adicional detalla cómo las actividades de Calvete permitieron direccionar adjudicaciones millonarias a diversas firmas, con presuntas desviaciones que llegarían a un 3% del valor total en comisiones. El fiscal encargado del caso ha solicitado la detención de uno de los ex encargados de la Secretaría de Energía y otros implicados como parte de la evidencia que demuestra una estructura de corrupción. Además, los registros muestran que GMS tiene deudas millonarias, pero continúa recibiendo contratos públicos, lo que alimenta las dudas sobre conflictos de interés en la administración y adjudicación de obras públicas.
En un contexto más amplio, esta revelación refuerza la percepción de que, durante años, las relaciones entre ciertos empresarios, funcionarios y políticos en Argentina han facilitado prácticas ilícitas que afectan la transparencia y la integridad en la gestión pública. La evidencia en las libretas también pone en evidencia posibles vínculos entre la política y el negocio de la corrupción, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la contratación estatal.