Repartidores en Playa del Carmen, víctimas de extorsión policial y cobros injustos
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO. – Repartidores de plataformas digitales en Playa del Carmen han alzado la voz ante una presunta red de extorsión que involucra a agentes de tránsito, policías turísticos y privados, quienes les exigen cobros irregulares bajo pretextos de faltas administrativas.
Las denuncias señalan que se les solicitan entre 200 y 500 pesos por supuestas infracciones, como estacionarse brevemente para entregar o recoger pedidos, una práctica esencial para su labor. Estas sanciones, afirman, son arbitrarias y no se aplican de la misma manera a los taxistas.
La situación se agrava al ser remitidas sus motocicletas al corralón, lo que implica un desembolso de hasta 3,500 pesos o 500 pesos para liberar el inmovilizador, cifras que representan varios días de trabajo para muchos de estos repartidores.
Integrantes de Repartidores Unidos de México expresan sentirse más vulnerables ante la autoridad que ante la delincuencia común, evidenciando una relación tensa y deteriorada con los cuerpos de seguridad.
A esto se suma el rechazo al cobro del 2 por ciento por supuesto “uso de infraestructura vial”, una medida que consideran injustificada, ya que argumentan que motocicletas y repartidores a pie no generan el desgaste urbano que se les atribuye.
Los repartidores cuestionan la lógica detrás de este gravamen, que asume que la mayoría de los motociclistas pertenecen a plataformas digitales, mientras que no se aplican impuestos similares a vehículos de carga pesada.
Paralelamente, existe preocupación por la prueba piloto de la reforma laboral para plataformas digitales, cuya fase experimental está por concluir sin que, según los trabajadores, hayan sido escuchados por las autoridades responsables.
Ante este panorama, los repartidores han entregado oficios a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al IMSS, exigiendo claridad, participación y la eliminación de cargas adicionales que pongan en riesgo su precaria estabilidad económica.
La demanda principal del movimiento es frenar las extorsiones, mantener las condiciones actuales del programa piloto y establecer un diálogo efectivo con las autoridades, argumentando que cualquier política pública debe construirse con quienes sostienen el reparto urbano diariamente.