Cancún, Quintana Roo. – Quintana Roo se encuentra en una situación alarmante respecto a la violencia contra las mujeres, enfrentando numerosos pendientes y la urgente necesidad de implementar cambios significativos en 2026. Así lo afirmó Rizzo, coordinadora general de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) Cancún, quien destacó que el estado es el primero a nivel nacional en casos de violencia sexual y el tercero en violencia digital.
Las cifras reveladas son preocupantes: en 2024 se registraron 40 feminicidios, de los cuales solo seis fueron tipificados oficialmente, evidenciando un considerable subregistro. En 2025, activistas contabilizaron 16 feminicidios entre enero y noviembre, posicionando al estado en el sexto lugar nacional.
La violencia sexual en Quintana Roo ha alcanzado dimensiones críticas, superando los esfuerzos realizados a través de la alerta de violencia de género en algunos municipios. Rizzo enfatizó que esta realidad indica fallos institucionales y en las políticas públicas implementadas, lo que resulta en una posición vergonzosa y dolorosa para el estado.
La violencia contra las mujeres en Quintana Roo excede la media nacional de manera significativa, lo que sugiere que las instituciones no están abordando el problema de forma efectiva. Las mujeres, al transitar por el estado, enfrentan un riesgo constante, calificando la situación como un estado de emergencia.
Aunque se observa un incremento en las denuncias debido a una mayor concientización ciudadana y exigencia de derechos, persisten factores específicos en Quintana Roo, como el turismo y la desigual distribución de la riqueza, que lo convierten en un estado particularmente vulnerable. Esto se agrava con una emergencia en trata de personas, que demanda políticas públicas más incisivas.
DAS Cancún subraya que las acciones actuales, como los días naranja o talleres, son insuficientes. Es imperativo trabajar directamente en las colonias, en los territorios, y abordar problemáticas interconectadas como la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol. Se plantea la necesidad de reinstaurar mesas de trabajo y contratar especialistas para rediseñar las políticas públicas y asegurar que realmente produzcan resultados.