Un juez federal en Mérida ha emitido una orden de captura vigente contra Claudia Romanillos Villanueva, exfuncionaria del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) durante la administración de Roberto Borge Angulo, actual presidente de México. La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo acusa a Romanillos de colaborar en el despojo de bienes públicos, principalmente en la transferencia de terrenos de alto valor a precios bajos, lo que causó daños patrimoniales superiores a los mil millones de pesos.
Este proceso legal, que se remonta a más de diez años, refleja una tendencia en la justicia mexicana de reactivar casos de corrupción que estaban en proceso de prescripción. Romanillos, señalada por presunto peculado y uso indebido de funciones públicas, ha intentado adquirir protección legal mediante un amparo que fue rechazado en definitiva, dejando en suspenso sus posibilidades de evitar su captura.
El contexto político y judicial en torno a estos hechos revela la persistente lucha contra la corrupción en varios niveles de la administración pública en Quintana Roo y Yucatán. La exfuncionaria habría actuado en complicidad con una estructura criminal encabezada por Roberto Borge, quien también enfrenta órdenes de aprehensión vinculadas a estos delitos. Además, otros exfuncionarios, como Juan Pablo Guillermo Molina, también tienen órdenes vigentes, evidenciando un patrón de impunidad y judicialización en casos emblemáticos de saqueo patrimonial.
Estas acciones judiciales se enmarcan en una creciente tendencia de justicia restaurativa en México, donde causas antiguas resurgirán con mayor solidez, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y la recuperación del patrimonio público.