La resistencia de los grandes hoteleros a cobrar el impuesto Visitax refleja la continuidad del poder económico en la región, desafiante a los cambios políticos.
En Quintana Roo, el poder de las cadenas hoteleras continúa predominando, independientemente del color político en el gobierno. Pese a la llegada de un gobierno de izquierda, la influencia del sector turístico ha impedido avances en reformas fiscales que buscan una mayor equidad, como la implementación del impuesto Visitax. Aunque se proyectaba recaudar al menos 2.5 mil millones de pesos adicionales en 2026 con la participación activa de los hoteleros, la resistencia del sector ha provocado el rechazo al cobro y la caída del esquema, reduciendo así el presupuesto previsto. Esta situación evidencia que, en la práctica, los intereses económicos ligados al turismo siguen marcando la agenda, sin importar qué partido ocupe Palacio Nacional o en los estados.
El contexto de esta realidad en Quintana Roo refleja también los desafíos políticos que enfrentan las reformas pendientes, como la Ley Chaleco y la reforma a movilidad, aún en espera de implementación. La negativa de los hoteleros a participar en el cumplimiento fiscal y la persistencia de obstáculos legales muestran que, en la región, la influencia del sector privado continúa siendo un factor determinante en las políticas públicas, incluso cuando hay cambios de color político en el gobierno. La pregunta persiste: ¿qué más se necesita para que el Estado logre un equilibrio más justo con el poder económico turístico?
Este escenario revela la complejidad de transformar un modelo económico arraigado, donde la continuidad y la resistencia de sectores específicos dificultan los cambios estructurales y políticos a largo plazo.