La iniciativa busca fortalecer la persecución del delito, armonizar leyes y proteger a víctimas en medio de un aumento histórico de casos en 2025.
En un esfuerzo por reforzar la lucha contra la extorsión, los legisladores del Congreso del Estado de Querétaro presentaron una iniciativa para actualizar y armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta apunta a mejorar la persecución del delito, evitar duplicidades normativas y fortalecer la coordinación entre autoridades, especialmente en áreas con mayor incidencia como la zona metropolitana y San Juan del Río.
La reforma contempla la derogación de ciertos artículos del Código Penal estatal, incluyendo el artículo 198 y el capítulo séptimo, sin que ello signifique despenalizar la extorsión. Al contrario, las penas previstas aumentarán de un rango de 4 a 10 años a un promedio de 15 a 25 años, pudiendo llegar hasta 42 años en casos agravados por violencia o participación de servidores públicos. La modificación asegura que las autoridades puedan actuar de oficio, sin necesidad de denuncia directa, lo que busca respuestas más inmediatas y efectivas frente a un delito que ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos años.
El impulso de esta iniciativa responde al récord de víctimas de extorsión alcanzado en 2025 en todo México, una problemática que afecta gravemente a comerciantes, familias y adultos mayores en Querétaro. La propuesta también busca evitar la influencia de redes interestatales y digitales, fortaleciendo la capacidad del estado para responder con un marco normativo moderno y efectivo.
Históricamente, la extorsión se ha convertido en una de las figuras delictivas que más daño social provoca en México, por lo que el fortalecimiento de sanciones y mecanismos de persecución resulta crucial. La participación de los diferentes partidos en este proceso legislativo será clave para que esta política pública avance y tenga un impacto real en la protección de la ciudadanía.
Este tipo de reformas reflejan un compromiso de los poderes legislativos de buscar soluciones concretas frente a delitos que, debido a su naturaleza transnacional y digital, requieren respuestas coordinadas y eficientes para reducir su incidencia y garantizar justicia.