Nuevo nombramiento busca fortalecer la atención a víctimas tras controversias en la gestión anterior en Puebla.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) anunció el nombramiento de Pedro Plaza Montaño como nuevo director, en una sesión extraordinaria celebrada el 9 de enero de 2026. La decisión busca renovar y fortalecer los esfuerzos para atender a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en la región. Este cambio responde a una necesidad de transparencia tras recientes cuestionamientos internos y la salida de la anterior responsable, Lizeth Gallegos Lozano. La elección de Plaza Montaño ocurrió tras una revisión de una terna presentada por el órgano de gobierno, y su incorporación fue inmediata para continuar los trabajos del organismo. El nuevo liderazgo cuenta con experiencia en la administración pública estatal y federal. Dirigió el Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl y ha tenido un papel activo en áreas relacionadas con la gestión territorial. Sin embargo, su trayectoria también incluye enfrentamientos políticos y sanciones públicas, factores que generan atención sobre sus futuras acciones. Desde su incorporación, el organismo busca responder a los reclamos sociales y mejorar la atención integral a víctimas. En diciembre pasado se registró la salida de la directora de Asesoría Jurídica, Lorena Medel García, por denuncias públicas, aspecto que también motivó cambios en la estructura interna. Organizaciones civiles como Justicia Ciudadana expresaron su respaldo al nombramiento, esperando que esta renovación impulse acciones verdaderamente efectivas para las víctimas. La administración estatal asegura que estas medidas están orientadas a promover la justicia, la protección de derechos y la transparencia institucional. Estos cambios en Puebla reflejan una tendencia más amplia en instituciones públicas a reforzar la confianza y la efectividad en la atención a las víctimas, en un contexto que demanda mayor claridad y compromiso en la gestión social y derechos humanos. La fase actual promete mayor compromiso y transparencia en la gestión de la atención a víctimas en la región.