La lucha por el agua entre Alpanocan y Tetela refleja un conflicto por recursos y control agrícola en la región.
En las faldas del volcán Popocatépetl, una disputa por el agua convierte a la región en escenario de tensiones sociales y territoriales. Desde hace una década, comunidades y productores enfrentan el avance de la agroindustria del aguacate, cuyo crecimiento aumenta la demanda de recursos hídricos escasos.
El conflicto principal se centra en los municipios de Alpanocan, Puebla, y Tetela del Volcán, Morelos. Ambos lados compiten por el control del río Amatzinac, fuente fundamental de agua para cultivos y uso doméstico. La construcción de pozos clandestinos y la expansión del cultivo de aguacate han agravado la situación.
Un operativo reciente en Alpanocan, que buscaba destruir una zanja construida para irrigar sus parcelas, desató una respuesta enérgica por parte de la comunidad. Se produjo una movilización rápida que impidió el avance de las fuerzas federales y estatales, demostrando la organización social activa para defender sus recursos.
El crecimiento del cultivo de aguacate en Morelos, que hoy ocupa aproximadamente 800 hectáreas —una de las mayores en el país—, requiere recursos hídricos que compartía con pueblos vecinos. Este avance ha llevado al uso de pozos irregulares y a la venta clandestina de agua mediante mangueras que recorren kilómetros, incrementando la tensión entre regiones.
La tensión tras la expansión agroindustrial y la falta de políticas claras sobre gestión del agua declararon un estado de “ley de la selva hídrica”. Las comunidades temen perder su soberanía y acceso al líquido vital ante la voracidad de las empresas y productores grandes de aguacate, en medio de alianzas políticas en ambos estados.
Recientemente, la gobernación de Morelos intentó explorar nuevas fuentes de agua, pero la prioridad sigue siendo la regulación superficial del río Amatzinac y la protección de los balnearios más afectados por la extracción masiva. Pese a la presencia de intereses políticos comunes, la disputa por los recursos hídricos sigue abierta, alimentada por el incremento de la agroindustria y la falta de una política nacional clara.
Tras el operativo, las comunidades poblanas se han reorganizado en un Comité de Resistencia que busca asesoría e ha preparado para defender legalmente sus derechos. La lucha no es solo por un tramo de tierra o agua, sino por mantener su autonomía y proteger su modo de vida frente a una economía globalizada del aguacate.
Este conflicto refleja un problema mayor: la crisis de acceso al agua en zonas rurales donde el crecimiento del mercado agroindustrial choca con los derechos humanos a un recurso esencial. Sin normativas suficientes, la competencia entre comunidades y empresas continuará, poniendo en juego la soberanía local y el equilibrio ecológico de la zona.
El futuro de estos territorios dependerá de políticas integradas que regulen el uso del agua, preserven los derechos ancestrales y frenen la expansión descontrolada del aguacate. Solo así se podrá evitar que la “fiebre del oro verde” destruya la cohesión social y los recursos naturales de esta región vital para Puebla y Morelos.