La posible renuncia del Fiscal General de la República activo en el escenario político y el procedimiento constitucional para designar a su sucesor.
La eventual salida del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha generado debate sobre quién podría reemplazarlo y cómo se llevará a cabo el proceso para su designación. La presencia de posibles candidatas, como la consejera jurídica Ernestina Godoy o el exministro Arturo Zaldívar, ha reavivado la discusión sobre los mecanismos legales para garantizar una transición ordenada en la Fiscalía.
Cuando el cargo se vuelve disponible de manera definitiva, el procedimiento para nombrar a un nuevo titular implica la participación conjunta del Poder Ejecutivo y el Senado de la República. La ley establece que, tras la ausencia definitiva, el Senado tiene un plazo de 20 días para integrar una lista con al menos diez candidatos, la cual debe ser aprobada por dos terceras partes de la cámara. Tras ello, el Ejecutivo Federal elabora una terna con las tres opciones más viables y la remite al Senado, que tiene otros diez días para realizar la elección mediante voto de dos tercios de sus miembros presentes.
Para competir por la magistratura, los aspirantes deben cumplir requisitos constitucionales y legales, como tener ciudadanía mexicana, ser mayores de 35 años, contar con título en derecho con al menos diez años de antigüedad, y gozar de buena reputación. La ley también establece que el nombramiento de la autoridad garantiza la continuidad y la autonomía del órgano encargado de investigar y perseguir delitos graves en el país.
Además, la ley prevé que, en caso de que el Senado no concluya el proceso en el plazo estipulado, el Ejecutivo podrá designar a la persona en la lista o terna previamente enviada. Para la remoción del Fiscal General, también se requieren causas graves y la aprobación de la mayoría de la Cámara de Senadores, que puede objetar la decisión y ordenar su restitución en funciones si corresponde.
Este proceso constitucional busca mantener la estabilidad institucional y asegurar que el organismo activo tenga liderazgo competente e imparcialmente designado, en línea con los principios de autonomía y legalidad en la justicia mexicana.