Las reformas laborales y la gestión pública han agravado la situación de los jubilados y pensionados en el país Desde la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, se produjo una transformación profunda en el régimen de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado mexicano. Esta reforma impactó particularmente a los docentes, profesores y otros trabajadores de la educación, quienes por décadas mantuvieron un esquema de pensiones que ahora ha sido reemplazado por un sistema que, en la práctica, resulta insuficiente y precario. A partir del 1 de abril de 2007, los nuevos trabajadores con alta laboral quedaron sometidos a un esquema en el que sus pensiones dependen exclusivamente de los ahorros que logren acumular a lo largo de su vida laboral, más los intereses generados en cuentas administradas por entidades financieras autorizadas. Este modelo de cuenta individual implicó que la pensión final no garantizaba una percepción mensual de por vida, sino que dependía de los rendimientos de sus inversiones y de la gestión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Por otro lado, los trabajadores en activo con alta anterior a esa fecha tuvieron la opción de elegir entre dos modalidades de jubilación vigentes entonces: el nuevo régimen de cuenta individual o bono, y el tradicional o Décimo Transitorio. La pensión tradicional garantizaba una cantidad fija calculada con base en el último salario, los años de servicio y la edad del trabajador, equivalente a diez salarios mínimos diarios vigentes en aquel entonces en la Ciudad de México. Sin embargo, una vez tomada la decisión, no existía posibilidad alguna de cambiar de opción, lo cual ha generado múltiples reclamos y descontento entre los trabajadores que, tras comprobar las limitaciones del esquema por sus bajos salarios, buscaban alternativas más dignas. La realida
Miércoles, 13 de mayo de 2026
