Ciudad de México. – Los partidos políticos en México han transitado de tener ideologías y proyectos de nación a funcionar como meros aparatos electorales, controlando elecciones, candidaturas y presupuestos, y sirviendo como franquicias para sus dirigencias sin liderazgos reales.
El término “partidocracia” surgió en México tras el fraude electoral de 1988, marcando el inicio de negociaciones y “concertacesiones” entre el PRI y el PAN, lo que facilitó la alternancia bipartidista. Los triunfos electorales, cuando eran posibles para la oposición, a menudo requerían negociaciones para ser reconocidos, o incluso eran revertidos mediante procedimientos “legales”.
En este contexto, se establecieron cuotas partidistas en órganos autónomos como el IFE y el INE, donde los consejeros “ciudadanos” actuaban como representantes de los partidos, principalmente PRI y PAN. Las elecciones se pactaban antes de la jornada electoral, y los resultados posteriores solo requerían ser “acomodados”.
Este proceso coincidió con el llamado “fin de las ideologías” impuesto por el Consenso de Washington en 1989, tras la caída del Muro de Berlín. Las ideologías políticas perdieron relevancia ante la imposición del mercado como única ideología oficial. Los partidos políticos perdieron sus ideas y proyectos, volviéndose programas de acción y principios casi idénticos, indistinguibles entre sí, y convirtiéndose en “mercancía”.
La etapa actual se caracteriza por descalificaciones mutuas y consignas vacías en lugar de propuestas. Los partidos políticos son descritos como aparatos electorales costosos que no fomentan el debate interno ni la cultura política, sino que controlan candidaturas, elecciones, presupuestos y negocios al amparo del poder. Sus dirigencias son burocráticas y carecen de liderazgos, lo que explica el rechazo social que encabezan.
La “partidocracia” ha entrado en una fase más cínica, donde los compromisos de campaña se olvidan al llegar al poder, actuando a espaldas del electorado. A pesar del malestar social, estiran la liga confiando en el control de las próximas elecciones. El sistema democrático ha sido capturado por políticos que responden a intereses de grupos político-económicos, volviéndose “inmunes” a la militancia y a la opinión pública.
La reforma electoral de 2026 deberá abordar estos desafíos. Se espera una reforma de calado con una reingeniería del sistema de partidos y procesos electorales, incluyendo la reducción drástica del financiamiento a los partidos, la competencia individual obligatoria cada tres elecciones para refrendar el registro, la desaparición de listas plurinominales, la eliminación del fuero y la restricción de candidaturas a la circunscripción de residencia.