Alfredo Chávez, coordinador de los diputados del PAN, señaló cuatro puntos críticos a considerar: la potencial creación de congresos con mayorías forzadas que anularían la voluntad popular, la grave amenaza de infiltración del crimen organizado en la política al limitar el financiamiento a los partidos, lo que los dejaría vulnerables al poder económico del narcotráfico, y la centralización de la democracia mediante la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
La diputada federal Rocío González coincidió en la expectativa de efectos regresivos por parte de Morena y sus aliados. Según el calendario previsto, la reforma electoral llegaría al Congreso de la Unión entre la tercera semana de enero y la primera de febrero, con una votación tentativa para el 3 de marzo. Posteriormente, se llevaría a cabo un período de alineación presupuestaria e implementación operativa para junio, seguido por reformas secundarias y nombramientos de consejeros a partir de abril, y ajustes constitucionales para septiembre. La aprobación del presupuesto electoral de 2027 se daría en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.
Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, y María Angélica Granados, diputada federal, enfatizaron la necesidad de una mayor participación ciudadana en la construcción de la reforma, la cual, según su perspectiva, parece favorecer únicamente a la oficialidad.