La iniciativa para desaparecer privilegios parlamentarios enfrenta resistencia en diversos estados, mientras busca fortalecer la justicia y la igualdad ante la ley.
En el Congreso de México, la propuesta para eliminar el llamado “fuero” continúa generando debates y resistencia entre distintos actores políticos. La iniciativa, promovida por legisladores de Morena, busca limitar la protección constitucional que tienen ciertos funcionarios públicos, permitiendo que servidores y servidores públicas puedan ser juzgados durante su encargo por delitos como corrupción y delitos electorales. La propuesta también contempla reformas a varios artículos constitucionales para ampliar el alcance de la imputación y eliminar la figura del juicio de desafuero.
Aunque respaldada por una corriente de dirigentes que argumentan que la eliminación del fuero combate la impunidad y aporta transparencia, algunos gobernadores y legisladores estatales de Morena y otras fuerzas políticas han expresado su preocupación por la vulnerabilidad jurídica que esto podría representar para los gobiernos locales. Estas objeciones emergen en un momento clave, previo a las elecciones y las sucesiones estatales de 2027, y reflejan las tensiones internas en el partido en torno a los temas de poder y control.
Este debate adquiere relevancia en un contexto donde la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos del Estado mexicano. La eliminación del fuero busca establecer un marco más equitativo, en el que ningún servidor público quede por encima de la ley, pero también ha puesto de manifiesto las divisiones políticas y los intereses electorales en juego. La propuesta, que aún está en discusión en el Legislativo, podría marcar un paso decisivo hacia la reforma institucional que demanda la ciudadanía.
Como antecedentes, cabe destacar que en 2019 se reformó la Constitución para retirar el fuero al presidente de México, en un esfuerzo por hacer a los altos funcionarios más responsables y transparentes. La actual iniciativa pretende ampliar esa lógica a otros niveles de gobierno, promoviendo un esquema en el que la inmunidad no sirva de escudo. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores refleja las complejidades que enfrenta la transformación del sistema jurídico y político en el país.
La polarización en torno a este tema evidencia la dificultad de implementar cambios estructurales que impacten profundamente en la rendición de cuentas, sin afectar la estabilidad política y el ejercicio del poder en algunos ámbitos. La discusión continuará en los próximos meses, a medida que se avanza en la deliberación legislativa y en la definición de los intereses en juego.