Ciudad de México. – El gobierno mexicano implementará a partir del 9 de enero de 2026 un registro obligatorio para todas las líneas telefónicas móviles, una medida diseñada para combatir delitos como la extorsión y el fraude. Sin embargo, expertos en ciberseguridad han expresado dudas sobre su efectividad, argumentando que la mayoría de los ilícitos actuales se cometen a través de plataformas digitales, fuera del alcance de esta regulación. Especialistas señalan que el registro, si bien busca recuperar la trazabilidad de las comunicaciones, podría generar complicaciones administrativas y no abordar eficazmente el ecosistema digital donde operan los grupos criminales. El problema se agrava con la persistencia de la suplantación de identidad y el mercado negro de datos personales, lo que podría llevar a que ciudadanos terminen vinculados a líneas que nunca utilizaron, enfrentando procesos complejos para deslindar responsabilidades. Operadores como Telcel y AT&T deberán registrar más de 130 millones de líneas activas antes del 30 de junio de 2026, con la posibilidad de vincular hasta 10 líneas por identidad. El proceso, que será gratuito, podrá realizarse de forma remota o presencial, pero los analistas coinciden en que el impacto real sobre la delincuencia será limitado si no se acompaña de una estrategia integral contra el fraude digital.
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