El gobierno de Nuevo León bloquea la implementación de descuentos para sectores vulnerables en el transporte, frenando una reforma clave para aliviar a los usuarios.
Recientemente, el gobierno de Nuevo León decidió vetar una reforma a la Ley de Movilidad que buscaba establecer tarifas preferenciales en el transporte público para estudiantes, adultos mayores, mujeres y otros grupos vulnerables. La modificación proponía que en un plazo de tres meses se implementaran pases multiviaje, descuentos en transbordos y tarifas reducidas con al menos un 25% de descuento, con el objetivo de aliviar la carga económica de estos usuarios.
El proceso establecía que instituciones como el Comité Técnico, la Junta de Gobierno y el Instituto de Movilidad serían responsables de proponer, autorizar y aplicar dichas tarifas en el período señalado. Sin embargo, tras el veto del Ejecutivo, el calendario de implementación podría posponerse hasta después de diciembre, generando incertidumbre sobre la ejecución de la política social.
Este veto ha generado polémica en el ámbito legislativo y social. La presidenta de la Comisión de Movilidad y varias diputadas expresaron su rechazo, argumentando que la medida sería un apoyo sustancial para quienes enfrentan dificultades para costear el transporte diario. La diputada Lorena de la Garza criticó además la desconexión entre las acciones del gobierno y su discurso sobre mejorar el servicio de transporte público, cuestionando qué se ha hecho con los recursos excedentes en los últimos años.
Es importante contextualizar que este tipo de tarifas sociales buscan reducir la desigualdad y facilitar la movilidad en ciudades en crecimiento, especialmente en regiones donde el transporte público es un medio esencial para la vida diaria. La decisión del gobierno afectará a miles de usuarios que aguardaban un acuerdo que compensara los incrementos en los costos de traslado, manteniendo a la espera a la ciudadanía y a los legisladores sobre futuras acciones en política de movilidad.
El Congreso local tendrá la opción de rechazar el veto o insistir en su aprobación, requiriendo una mayoría calificada de 28 votos para que la iniciativa avance en medio de las circunstancias actuales.