La siderúrgica aún no enfrenta multas oficiales tras incidentes ambientales en La Talaverna, gracias a acciones legales que complican las sanciones gubernamentales.
Luego del incidente de contaminación en Río La Talaverna, en Nuevo León, que involucró a la siderúrgica Ternium, la empresa continúa evitando la imposición de sanciones formales. Pese a las denuncias y multas potenciales por parte del gobierno estatal y federal, Ternium ha desplegado un equipo jurídico robusto para retrasar o evitar dichas penalizaciones. Se estima que la compañía, perteneciente a la multinacional argentina Techint, cuenta con un equipo de hasta 14 abogados dedicados a defenderse en los diferentes procesos judiciales, que suman millones de pesos en posibles multas.
En el contexto político, existe cierta tensión entre las políticas de la administración federal y el gobierno estatal, liderado por Samuel García, respecto a la severidad y aplicación de sanciones a grandes empresas contaminantes. Esta dinámica ha generado un interés generado por sectores gubernamentales y mediáticos en reforzar las acciones contra empresas menores, con el fin de mejorar la imagen pública ante la percepción de elevados niveles de contaminación.
Por otro lado, cambios recientes en la Secretaría de Medio Ambiente indican una estrategia de respaldo político más que técnico, con la llegada de un perfil más alineado con los intereses del Gobierno estatal. Además, se anticipa que la aplicación de regulaciones ambientales se posponga aún más, ya que las autoridades federales no prevén aplicar el inventario de emisiones completo en la fecha estipulada, lo cual podría retrasar medidas correctivas hasta meses antes del 2027.
Este escenario refleja las complejidades jurídicas y políticas que enfrentan las regulaciones ambientales en el país, evidenciando la tensión entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos de grandes corporaciones.