La reforma busca fortalecer las sanciones contra prácticas que vulneran a menores, alineándose con estándares internacionales y federales.
En un esfuerzo por proteger los derechos de las niñas y adolescentes, las legisladoras en Nuevo León están impulsando una reforma que contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes cometan actos de cohabitación forzada con menores de 18 años. La iniciativa, que añade el capítulo V “De la cohabitación forzada de menores” al Código Penal Estatal, busca reforzar los mecanismos legales existentes para sancionar conductas que alteran la infancia y el bienestar juvenil.
La propuesta define el delito como aquella acción en la cual una persona obliga, coacciona, induce o solicita a menores de edad a convivir de manera constante y equiparable a un matrimonio, con o sin su consentimiento, ya sea con otros menores o adultos. La pena prevista oscila entre ocho y quince años de prisión, además de multas significativas, aunque aún no se especifican los montos exactos.
Esta iniciativa se alinea con la legislación federal y los compromisos internacionales, como los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de UNICEF, que condenan las prácticas dañinas como los matrimonios infantiles y las uniones forzadas, que constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las menores. La adopción de leyes más estrictas responde a la persistente problemática social que vulnera la integridad física y emocional de las jóvenes, interrumpiendo su infancia y amenazando su futuro.
Es importante destacar que, a nivel global, las prácticas de cohabitación forzada y matrimonios infantiles siguen siendo motivo de preocupación, ya que afectan especialmente a comunidades vulnerables. La legislación local en Nuevo León busca sumarse a los esfuerzos internacionales para erradicar estas conductas, promoviendo entornos seguros y respetuosos para las adolescentes.