La medida, gestionada por el Poder Judicial y el DIF estatal, prohíbe a quienes figuren en el registro contraer matrimonio, acceder a cargos públicos o realizar ciertos trámites.
El Estado de Nuevo León implementará un nuevo padrón de individuos considerados deudores alimentarios, denominado “Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias”, con el objetivo de fortalecer las acciones en contra de la morosidad en el cumplimiento de obligaciones de alimentación. La administración de este registro estará a cargo del Poder Judicial, en colaboración con el DIF estatal, y busca identificar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones, con penas que van de dos a cinco años de prisión en casos de reincidencia.
Quienes sean parte del padrón perderán ciertos derechos y beneficios, tales como la imposibilidad de tramitar o renovar licencias para conducir, contraer matrimonio civil, participar en procesos de adopción, postularse a cargos de elección popular, aspirar a vacantes dentro del Poder Judicial o ser nombrados en organismos públicos estatales o autónomos. La finalidad es promover la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y reducir la desigualdad de género, al apoyar a quienes dependen económicamente de estos apoyos.
Este mecanismo representa un paso importante en la evolución de la justicia familiar en la región, alineándose con la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las personas vulnerables. La iniciativa plantea un cambio en la política pública, promoviendo que el incumplimiento de obligaciones alimentarias tenga consecuencias directas en la participación social y en el acceso a derechos civiles y políticos, impulsando una mayor responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones familiares.