En un esfuerzo por mejorar la coordinación y efectividad de los mecanismos de justicia cívica, ocho municipios del área metropolitana de Monterrey están aplicando un nuevo instrumento de medición. La iniciativa tiene como finalidad diagnosticar el funcionamiento del modelo y potenciar su impacto en la solución de conflictos comunitarios. Los municipios involucrados son San Pedro, Monterrey, San Nicolás, García, Escobedo, Juárez, Apodaca y Santiago, todos interesados en fortalecer las políticas de convivencia ciudadana.
Este sistema de evaluación surge tras un proceso de análisis que incluyó entrevistas, talleres participativos y un piloto en General Escobedo, municipio pionero en la implementación del modelo a nivel nacional. La homologación de esta herramienta ha sido promovida por las autoridades nacionales, en reconocimiento a su adecuada integración en la prevención de riesgos sociales. La justicia cívica busca responder a las faltas administrativas y conflictos cotidianos con soluciones rápidas, transparentes y humanizadas, priorizando la prevención del delito y la recuperación del tejido social.
Es importante destacar que esta herramienta de medición está alineada con las políticas de seguridad que buscan consolidar comunidades más seguras y cohesionadas, en línea con las estrategias nacionales para reducir las reincidencias y resolver conflictos de forma pacífica. La experiencia en municipios como Escobedo y Morelia ha demostrado que la justicia cívica puede reducir la reincidencia mediante evaluaciones psicosociales, permitiendo un abordaje más integral y efectivo en la resolución de conflictos urbanos.