La denuncia por abuso infantil enfrenta retrasos burocráticos y protección al presunto agresor pese a las evidencias, en medio de un contexto de violencia de género en México.
Una menor de cuatro años fue presuntamente víctima de abuso sexual por parte del padrastro de su padre en Escobedo, Nuevo León. La madre, Dulce, relató que los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio durante una visita en la vivienda de su ex pareja. Desde entonces, ha llegado a enfrentar obstáculos en la búsqueda de justicia, principalmente por la demora en realizar una evaluación psicológica a la menor, que es fundamental para avanzar en las investigaciones.
Pese a solicitar ayuda, la familia ha sido dirigida a diferentes instituciones; en el DIF de Escobedo no disponen de los especialistas necesarios y actualmente la niña recibe atención en CAFAM. Sin embargo, las autoridades insisten en que el dictamen psicológico es un requisito previo para continuar con el proceso, lo que ha provocado que Dulce se sienta revictimizada y frustrada ante la aparente protección del presunto agresor.
La menor ha manifestado cambios en su comportamiento y presenta pesadillas recurrentes, mientras que Dulce asegura contar con evidencias que vinculan directamente al agresor, incluyendo un audio en el que la pequeña identifica al sospechoso. La situación se ve agravada por una contrademanda por difamación que este interpuso en su contra, avanzando rápidamente, mientras la víctima aún espera justicia.
Diferentes actores sociales, incluyendo figuras públicas y organizaciones civiles, han urgido a las autoridades a actuar con prontitud para detener al presunto agresor y garantizar la protección integral de la niña. La falta de respuesta efectiva en casos de violencia infantil revela una problemática estructural que requiere atención urgente en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.