La asignación excesiva de protección personal a funcionarios civiles genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la prioridad en la seguridad institucional.
En la actualidad, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León enfrenta críticas por la asignación desproporcionada de escoltas a personal administrativo, una práctica que implica un gasto mensual superior a los 520 mil pesos. Esta situación refleja un desbalance en el uso de recursos públicos, ya que muchos de estos funcionarios no desempeñan tareas relacionadas con la seguridad, sino con funciones administrativas o de gestión interna.
Un análisis de las estructuras de protección revela que algunos funcionarios, como el secretario particular del Fiscal, cuentan con hasta 15 escoltas que representan un costo cercano a los 390 mil pesos al mes. Otros, como la titular de Administración y Finanzas, mantienen un escolta personal con un gasto mensual de aproximadamente 26 mil pesos. Además, ciertos directivos regionales, como el director de la Fiscalía en Escobedo, disponen de al menos cuatro agentes de seguridad, sumando más de 100 mil pesos en gastos mensuales.
Este patrón de protección intensiva no solo impacta en las finanzas públicas, sino que también pone en evidencia que dichos recursos podrían ser utilizados para fortalecer áreas clave, como la investigación y atención ciudadana, especialmente en un contexto donde la carga de trabajo para la Fiscalía aumenta debido a la complejidad de los delitos y la demanda de justicia.
Expertos y activistas señalan que muchos de estos escoltas responden a criterios de estatus político más que a necesidades estrictas de seguridad, una práctica que puede desviar la atención de las prioridades reales en materia de justicia. La redistribución de estos recursos y una revisión profunda de los cargos que realmente requieren protección son considerados pasos necesarios para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos en la entidad.
Este escenario evidencia la urgencia de implementar políticas más racionales y objetivas en las asignaciones de seguridad, para que los recursos del Estado sean canalizados hacia la persecución efectiva de delitos y la protección de la ciudadanía, en lugar de mantener privilegios que no aportan valor a la justicia ni a la seguridad pública.