Magistrados y políticos enfrentan una contienda por la dirección del Tribunal de Justicia Administrativa, evidenciando divisiones en el poder judicial del estado.
En medio de la transición hacia la renovación en los niveles superiores del Poder Judicial, una disputa interna ha generado tensión en Palacio de Cantera y en la Cámara de Nuevo León. La confrontación se centra en la elección de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, donde dos magistradas con apoyos políticos opuestos se proclamaron como responsables del órgano judicial.
Una de ellas, alineada con el gobierno estatal, fue oficialmente reconocida en el Periódico Oficial del Estado como presidenta al inicio del día, tras un proceso que evidenció la fragmentación interna. La disputa surgió tras la renuncia de Roberto Rodríguez Garza, cercano a ciertos partidos políticos, quien dejó su puesto para asumir un cargo en el circuito judicial. La rápida nominación de un aliado político, Rodrigo Maldonado Corpus, por parte del PRI y el PAN, intensificó el conflicto. La bancada opositora, incluyendo a la bancada naranja, rechazó el nombramiento debido a conflictos judiciales en su contra.
El proceso se complicó aún más cuando una diputada independiente, que salió de Movimiento Ciudadano, logró sumar votos de mayoría simple y avaló la designación de Maldonado Corpus, lo que generó incertidumbre sobre la legalidad del nombramiento ante un posible amparo judicial federal. La resolución definitiva aún está en manos del Poder Judicial Federal, que podría revertir el acuerdo en favor de los intereses representados por las tropas opositoras.
La situación refleja las divisiones existentes en el sistema político y judicial del estado, provocando un escenario de incertidumbre para la gobernabilidad y el correcto funcionamiento del Tribunal, en un momento en que Nuevo León busca consolidar sus instituciones en medio de un clima de tensión política.