La protección de exservidores públicos en Nuevo León implica gastos mensuales millonarios que limitan recursos para otras áreas clave de la Fiscalía.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León destina actualmente entre 250 y 300 agentes ministeriales a brindar escoltas a exfuncionarios públicos, en lugar de asignarlos a tareas de investigación. Este esquema genera un gasto mensual que oscila entre 5 y 7.8 millones de pesos en salarios, además de costos asociados a mantenimiento de vehículos oficiales y otros gastos operativos. A pesar de que la ley permite a exfuncionarios de alto nivel contar con protección durante hasta tres años y, en caso de riesgos, extender ese periodo, muchos mantienen seguridad personal incluso años después de dejar sus cargos.
Entre los beneficiados se encuentran exprocuradores y exdirectores de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes disponen de varias escoltas y vehículos oficiales, generando gastos significativos en recursos humanos y materiales. La protección continúa pese a que, en algunos casos, las amenazas que motivaron la escolta ya no existen, evidenciando una posible fuga de recursos que afecta la capacidad de la Fiscalía para atender otros delitos. La insuficiencia de personal en la institución también impacta en áreas prioritarias, como la búsqueda de personas desaparecidas, según reconoció el fiscal general en mayo de 2025.
La protección de exfuncionarios responde a riesgos específicos asociados a su trabajo previo, pero su costo elevado y su impacto en la operatividad de la Fiscalía generan un debate sobre la optimización de recursos y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en el ámbito público.