La iniciativa busca fortalecer el marco legal y evitar complicidades en casos de despojo, como el del terreno en Santiago
El Congreso de Nuevo León anunció la elaboración de un paquete de reformas para fortalecer la lucha contra el delito de despojo de terrenos, tras el caso del terreno de tres hectáreas y media en Santiago, afectado por presunto despojo. La iniciativa busca dotar al catastro estatal de mayores herramientas y establecer protocolos claros para actuar en estos casos.
Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia, informó que, una vez reanudadas las sesiones ordinarias del Pleno, presentará las propuestas. Entre ellas, destaca una actualización del protocolo de actuación, denominado la “tercera generación” de reformas, que incluirá medidas para sancionar a reincidentes con penas graves y fortalecer la persecución del delito.
El legislador enfatizó que las autoridades deben evitar complicidades que permitan prácticas como doble escrituración, falsificación de folios o títulos de propiedad, que dificultan la resolución de casos y generan juicios prolongados. Además, comentó que estas reformas buscarán que las alertas catastrales se integren en procesos de gobierno abierto, eliminando costos adicionales para los propietarios.
Por otro lado, el diputado Jesús Elizondo, de Morena, expresó la necesidad de implementar un sistema catastral transparente y accesible, similar al de otros países, para prevenir disputas que puedan extenderse por décadas y desgastar a los propietarios. Destacó que muchas de estas disputas terminan en pérdidas patrimoniales por falta de recursos para defender derechos legales.
En relación con el caso específico en Santiago, Erik Garza Treviño, representante legal de Carlos Reyes Maldonado, víctima del presunto despojo, detalló que la víctima y su familia han sido ignoradas por las autoridades en su proceso de reclamación. El caso continúa en investigación y en proceso judicial.
El Congreso de Nuevo León buscará, con estas reformas, reducir la impunidad y facilitar la protección del patrimonio de los ciudadanos frente a prácticas ilícitas relacionadas con el despojo de terrenos.
