La baja afiliación dificulta garantizar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias en la región, alertan expertos.
En Nuevo León, una cantidad mínima de asesores inmobiliarios forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), lo que representa una barrera para asegurar la protección legal de quienes buscan adquirir propiedades en la entidad. La organización estima que, de aproximadamente 15 mil profesionales en el estado, solo unos 180 están afiliados a la agrupación, lo que limita la implementación de estándares de calidad y legalidad en el sector.
La afiliación a AMPI implica cumplir con estrictos criterios de profesionalización, tales como verificar la legalidad de los desarrolladores, utilizar contratos ajustados a los marcos normativos federales, y garantizar la protección de datos personales, entre otros requisitos. La falta de estos estándares en la mayoría de los asesores incrementa el riesgo de fraudes, como la venta de propiedades sin certeza jurídica o preventas realizadas sin las autorizaciones correspondientes.
Expertos en el mercado inmobiliario señalan que la presencia de profesionales acreditados es fundamental, especialmente ante la llegada de desarrolladores de otras regiones del país. El trabajo continuo en capacitación y el cumplimiento de las regulaciones buscan elevar los niveles de confianza en las transacciones y proteger a los consumidores. La decisión de afiliación a AMPI depende de cada asesor, pero la organización también trabaja en fortalecer su red para ampliar la oferta de servicios confiables y seguros.
En un contexto donde la profesionalización aún está en crecimiento, la regulación y supervisión son claves para reducir riesgos asociados a operaciones inmobiliarias y fomentar un mercado más transparente y seguro para todos.