La investigación revela que notarías a cargo de Adán Augusto López y su hermano constituyeron varias compañías factureras vinculadas a desvíos millonarios de Pemex y esquemas de evasión fiscal en el sureste mexicano.
Recientes investigaciones documentales han evidenciado que notarías de Adán Augusto López Hernández, quien actualmente ocupa un cargo relevante en el Senado, y de su hermano Melchor López Hernández, facilitaron la creación de múltiples sociedades dedicadas a prácticas ilícitas. Estas empresas, muchas de ellas consideradas factureras por el Servicio de Administración Tributaria, estuvieron involucradas en esquemas de desvío y triangulación de recursos, principalmente a través de Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las notarías en las que actuaron los hermanos López fueron responsables de la constitución de al menos trece sociedades que aparecen en la lista definitiva de empresas que operan con facturas falsificadas. Entre ellas, destacan empresas como Surface Technology y E&P Solutions, que recibieron millones de pesos en triangulaciones que no fueron comprobadas y que, en algunos casos, ya fueron disueltas. Estas compañías tenían domicilios en zonas marginadas y compartían accionistas con otros negocios considerados “fantasma” por las autoridades fiscales, evidenciando un esquema de utilización de prestanombres.
Adicionalmente, la investigación destaca que estas notarías también participaron en la creación de sociedades que se utilizaron para evadir impuestos y lavar dinero, sumando un daño económico a la Hacienda Pública por cientos de millones de pesos. La necesaria revisión de estos hechos pone en evidencia cómo las redes de corrupción y facturación falsa operaron en la región, implicando a funcionarios y empresas del sector público y privado en prácticas ilícitas que afectaron el patrimonio nacional.
Para contextualizar, la “Estafa Maestra” fue uno de los mayores casos de corrupción en México, y los hallazgos recientes reforzan la persistencia de estas prácticas en diferentes niveles administrativos, además de demostrar la implicación de notarios en la formalización de empresas fachada que facilitaron la movilidad ilícita de recursos públicos.