Las cifras alarmantes y el insuficiente financiamiento reflejan la brecha entre el problema y la respuesta institucional en la lucha contra la violencia de género en México.
El 25 de noviembre marca la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que ha trascendido lo simbólico para convertirse en un llamado urgente a abordar una problemática persistente en México. La violencia de género continúa siendo una de las crisis sociales más profundas, arraigadas y menos resistidas en la vida cotidiana de millones de mexicanas, independientemente de su edad, origen o condición social.
La evidencia estadística revela la magnitud del problema: más del 70% de las mujeres en el país han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas, evidenciando que la violencia no solo afecta a víctimas aisladas, sino que permea en todos los niveles de la sociedad. Esta situación limita sus derechos, reduce su autonomía y afecta su bienestar integral, perpetuando desigualdades estructurales que dificultan una verdadera igualdad de género.
A pesar de la gravedad del fenómeno, la inversión gubernamental para su erradicación sigue siendo insuficiente y desproporcionada respecto a la magnitud del problema. Para 2026, el presupuesto destinado a programas enfocados en la protección y atención a mujeres vulnerables representa menos del 0.01% del Producto Interno Bruto, evidenciando un compromiso económico que no refleja la urgencia ni la dimensión del fenómeno. La escasa asignación de recursos perjudica la operación de refugios, programas de prevención y acciones de justicia, limitando la eficacia de las políticas públicas implementadas.
Diversos programas destinados a atender la violencia de género han sido reorganizados con el fin de mejorar su eficiencia, pero estas modificaciones han concentrado funciones en menos iniciativas, reduciendo la claridad y dificultando el seguimiento de los avances. La falta de recursos adecuados y la fragmentación en la estrategia institucional generan una brecha significativa entre el reconocimiento del problema y las acciones concretas para enfrentarlo, condenando a muchas mujeres a seguir siendo víctimas de amenazas, agresiones o invisibilidad.
La persistencia de esta problemática demuestra que la violencia contra las mujeres no es una inevitabilidad, sino el resultado de decisiones políticas y sociales que priorizan otros aspectos por encima de la protección de los derechos de las mexicanas. Es fundamental que la inversión en igualdad y justicia deje de ser un acto simbólico para convertirse en una política prioritaria, que garantice vidas libres de violencia para todas. La lucha contra la violencia de género requiere un compromiso real, una asignación presupuestaria suficiente y acciones coordinadas que empoderen a las mujeres y fortalezcan su autonomía en todos los ámbitos.