A pesar de denuncias y vínculos en casos de tráfico ilícito de hidrocarburos, un vicealmirante en funciones aún no tiene orden de aprehensión, mientras otros están vinculados a proceso.
Un alto mando de la Secretaría de Marina, el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, continúa sin una orden de aprehensión a su nombre, pese a estar involucrado en el caso del huachicol fiscal. Camargo Vivero, quien en su momento ejerció control en la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, Tamaulipas, facilitó el ingreso de numerosos buques cargados con hidrocarburos ilícitos. Aunque un subalterno suyo ya enfrenta proceso legal, la autoridad aún no ha emitido una orden formal en su contra, lo que refleja la complejidad y possibly las omisiones en la investigación.
Este caso forma parte de una red criminal que desde 2024 operaba en el puerto de Tampico, permitiendo el ingreso fraudulento de millones de litros de diésel, simulando la venta de aditivos, y afectando de manera significativa la economía del Estado. La participación de diversos funcionarios, vinculados a procesos penales, evidencia la magnitud de la operación ilícita y el nivel de complicidad que existía en diferentes niveles de la autoridad marítima y aduanera.
El contexto de estos incidentes se enmarca en otras investigaciones recientes, como la vinculacion a proceso en septiembre pasado de varios miembros de la Marina, incluido un sobrino del exsecretario de Marina, Manuel Roberto “N”. En aquella ocasión, se reveló que los imputados estaban implicados en una compleja red que permitía la entrada y tránsito de hidrocarburos fraudulentamente clasificados, con el uso de mecanismos que evitaban inspecciones y controles oficiales. La evidencia, testimonios y documentos recabados señalan que la corrupción y la impunidad permitieron que estas operaciones criminales operaran durante años, afectando la economía nacional y la seguridad energética del país.
La importancia de este tema radica en que esclarecer y eliminar estos ilícitos es fundamental para la autoridad y para la protección de los recursos públicos. La lucha contra el huachicol fiscal requiere acciones firmes y transparentes en todos los niveles de gobierno, especialmente en las dependencias militares y marítimas responsables de la vigilancia y la seguridad en los puertos y zonas marítimas mexicanas.