Magistrados buscan un plan institucional común ante cambios políticos y desafían divisiones internas en el TSJ
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) enfrenta un proceso de consolidación interna enfocado en mantener la unidad y la continuidad en su gestión. La actual presidencia, liderada por la magistrada Marcela Herrera, prioriza la estabilidad del organismo mediante la adopción de un plan institucional conjunto que guíe los próximos ocho años de administración. Este esfuerzo busca evitar divisiones internas que puedan desestabilizar al poder judicial, especialmente ante el inminente cambio de gubernatura y de liderazgo en el tribunal programado para 2027.
El magistrado Yamil Athie, que asumirá la segunda presidencia del tribunal, ha manifestado su respaldo a la estrategia unificada, a pesar de haber llegado al cargo con apoyos de distintos grupos. La colaboración entre los cuatro titulares del tribunal — además de Herrera, Athie, Claudia Campos y Acosta — es fundamental para definir una hoja de ruta común, que fomente la estabilidad y la coherencia en decisiones cruciales, como la designación de la Alta Sala, órgano decisivo en la gestión de recursos y efectuador de políticas internas.
Desde el inicio de su periodo, los magistrados han mostrado conciencia de la importancia de la armonía institucional ante los retos políticos que plantea el proceso electoral de 2027. La discusión sobre la Alta Sala en la primera sesión plenaria evidenció las diferencias entre algunos grupos, pero todos coinciden en la necesidad de sostener la unidad para fortalecer al Poder Judicial y asegurar su independencia frente a las presiones externas. La reforma judicial fue creada precisamente para fortalecer la autonomía del órgano y garantizar su estabilidad en tiempos de cambio político.
La consolidación institucional en el TSJ es vista como un paso estratégico para fortalecer la legitimidad y la operatividad del sistema judicial en un momento crucial, donde la participación política y las decisiones de los magistrados jugarán un papel fundamental en el futuro del poder judicial.