Autoridades y movimiento estudiantil discuten garantías contra represalias y participación estudiantil
Este domingo se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre representantes del Enjambre Estudiantil Unificado (EEU) y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Martha Patricia Zarza Delgado. La reunión tuvo lugar en la Casa de las Diligencias, en vísperas del reinicio de actividades académicas en la institución.
En esta ocasión, la rectora acompañó a su equipo de trabajo para abordar temas prioritarios derivados de la minuta anterior. Entre los puntos discutidos se encuentran las garantías para prevenir represalias contra los estudiantes, la retirada de profesores que hayan cometido actos violentos y la recalendarización de actividades académicas.
La autoridad universitaria presentó un documento con propuestas dirigidas a asegurar que no exista criminalización ni represalias hacia quienes participaron en acciones de protesta o ejercicio de derechos universitarios. La propuesta institucional contempla un marco de protección de derechos que busca impedir sanciones, hostigamiento o discriminación contra los estudiantes por su participación en actividades de protesta.
Este compromiso se estructura en tres etapas: una declaratoria institucional, acciones inmediatas y medidas a mediano plazo. Dentro de las acciones inmediatas, se destaca la creación de un Comité de Verificación y Acompañamiento para proteger las trayectorias académicas, además de ofrecer atención psicológica y promover la escucha activa.
A mediano plazo, la universidad propone revisar reglamentos internos para fomentar la participación estudiantil, capacitar al personal docente y administrativo en derechos humanos, instalar mesas de diálogo permanentes y establecer mecanismos de monitoreo y reparación en casos comprobados de represalias.
El movimiento estudiantil, representado por el Enjambre Estudiantil Unificado, expresó críticas respecto a estas propuestas. Los estudiantes señalaron que, aunque representan un avance, consideran que aún son insuficientes en cuanto a garantías prácticas y vinculantes. Una vocera del movimiento afirmó que lo que se requiere es un decreto que asegure la no aplicación de represalias académicas o de cualquier otro tipo, además de mantener el anonimato de los participantes en protestas.
Asimismo, demandaron que los compromisos no queden a discreción de cada unidad académica, sino que se apliquen de manera general y obligatoria. Los estudiantes también solicitaron la creación de comités independientes en cada espacio académico, integrados únicamente por estudiantes sin vínculos con las autoridades, que funcionen como observatorios y tengan facultades vinculantes para emitir recomendaciones y garantizar la imparcialidad en casos de conflicto.
Preocupa al movimiento que los defensores de derechos humanos que participen en estos comités provengan de la misma universidad, ya que esto podría afectar su neutralidad. Además, insistieron en que las medidas de reparación no deben postergarse, pues ya existen estudiantes que enfrentan represalias como bajas injustificadas, calificaciones reprobatorias o negación de exámenes extraordinarios, y no pueden esperar un año para que estas situaciones sean resueltas.
Respecto a la composición de los comités y mesas de diálogo, los estudiantes solicitaron claridad sobre quiénes serán los mediadores y cómo se garantizará el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La Rectoría reiteró que el documento presentado representa un punto de partida y se comprometió a abrir nuevas mesas de trabajo para revisar y fortalecer los acuerdos.
La rectora Martha Patricia Zarza Delgado afirmó que el documento no es cerrado y que está abierto a fortalecerlo mediante consenso. La institución busca que estos espacios sean mecanismos efectivos para garantizar los derechos estudiantiles y la protección contra represalias, promoviendo un diálogo abierto y transparente.
Este proceso se enmarca en los esfuerzos de la universidad para construir un ambiente de respeto y participación estudiantil, priorizando la protección de los derechos y la resolución pacífica de conflictos. La discusión continúa en busca de acuerdos que satisfagan las demandas del movimiento estudiantil sin comprometer la integridad y la autonomía universitaria.