La orden presidencial busca limitar leyes estatales sobre inteligencia artificial, favorece a las grandes tecnológicas y refuerza el control federal en EE.UU.
El expresidente Donald Trump firmó una orden en la que busca centralizar la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, priorizando los intereses de las grandes empresas tecnológicas y restringiendo la competencia de leyes estatales. Esta medida llega en un contexto donde Silicon Valley ha intensificado su participación política y económica, consolidándose como un actor determinante en la política tecnológica del país. La decisión también refleja una tendencia de limitar normativas estatales que buscan proteger derechos civiles, privacidad y derechos de autor frente a los avances en IA.
La orden otorga herramientas al gobierno federal para bloquear leyes estatales que puedan contrariar los intereses de la administración en materia de innovación tecnológica, en medio de una competencia global con China por liderazgo en el sector. La prohibición de regulaciones dispersas busca facilitar el desarrollo de la IA sin obstáculos, aunque ha generado preocupación en otros sectores por posibles riesgos a la seguridad y derechos de los usuarios.
El movimiento se enmarca en una estrategia de las grandes tecnológicas, como OpenAI y Google, que han invertido millones en campañas políticas y buscan un entorno regulatorio que favorezca su expansión. Legislaciones como la ley de California y la ley ELVIS de Tennessee, que protegen derechos de artistas y promueven transparencia en el entrenamiento de modelos de IA, estarían en la mira de una normativa federal que busca limitar dichas iniciativas. La postura de algunos líderes, incluyendo a figuras del Congreso, advierte sobre el riesgo de un “salvaje oeste” regulatorio que podría dejar desprotegidos a los ciudadanos y reducir la influencia del Congreso en la protección de derechos.
Este movimiento evidencia la tensión entre innovación, regulación y control de poder en un sector que se extiende rápidamente, con posibles implicaciones para la participación internacional de Estados Unidos en la economía digital del futuro. La decisión también plantea un escenario donde la autonomía de las legislaturas estatales en materia tecnológica podría verse reducida, generando debate sobre el equilibrio de poderes en el sistema federal estadounidense.