Organismos internacionales y comunidades indígenas alertan sobre la profundidad de los impactos ecológicos y culturales en territorios mayas, exigiendo acciones urgentes.
El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha validado un informe que documenta graves impactos ambientales, sociales y culturales generados por el proyecto ferroviario conocido como el Tren Maya, en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. La evidencia recopilada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y defensores del territorio revela destrucción de hábitats, fragmentación del ecosistema, daños en cuevas y cenotes, además de alteraciones en el flujo de agua subterránea.
Este respaldo internacional surge en un contexto en el que el proyecto ha sido ampliamente cuestionado por su impacto en ecosistemas de alto valor y en los derechos de las comunidades originarias. Los hallazgos verifican una serie de violaciones, incluyendo la falta de consulta previa, militarización de las regiones y aumentos acelerados en el valor de los terrenos cercanos a la vía.
Es relevante destacar que, además de los impactos ecológicos, investigaciones internas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han revelado obstáculos administrativos que impidieron inspecciones y sanciones, permitiendo así que las afectaciones continuaran sin control. Hasta la fecha, más de siete millones de árboles han sido talados, mientras que más de 60 kilómetros cuadrados de selva han sido deforestados, afectando directamente a sobre 125 cenotes y sistemas de cuevas.
Recientemente, en una resolución emitida en septiembre de 2025, el tribunal formalizó su rechazo al proyecto, reconociendo a los cenotes como sujetos de derechos, y ordenando la suspensión de obras, la desmilitarización y la reparación de los daños ecológicos. Sin embargo, las autoridades mexicanas aún no han respondido oficialmente a estas decisiones.
El análisis de estos hechos se enriquece al considerar la importancia estratégica de proteger los ecosistemas y las culturas mayas, ante un contexto global donde la preservación ambiental y los derechos indígenas se vuelven cada vez más prioritarios en la agenda internacional. La judicialización del caso evidencia el enfrentamiento entre intereses económicos y la protección de la biodiversidad, resaltando la necesidad de acciones responsables y sostenibles.