El 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados que finalizaron con las hostilidades de la revolución maderista. En la noche, el acuerdo se selló en la calle de la aduana de Ciudad Juárez con el objetivo de restablecer la paz en el país. Se reconocieron las renuncias de Porfirio Díaz y Ramón Corral, estipulando que el licenciado Francisco León de la Barra asumiera el poder de manera interina.
El pacto mencionado exigió que todos los arreglos se llevaran a cabo de acuerdo con la legalidad. Frases como “dentro del orden constitucional” y “por ministerio de la ley” evidencian una incongruencia que generó tensiones entre líderes revolucionarios. Venustiano Carranza advirtió que aceptar dichas renuncias reconocía la legitimidad del gobierno de Díaz, algo que podía debilitar la posición revolucionaria.
Díaz, al llegar a Europa, aclaró que no entregó el poder a los rebeldes, sino a la figura señalada por la Constitución, lo que refleja la complejidad de la situación. Los tratados no solo formalizaron la rendición del régimen porfirista, sino que también implicaron un reconocimiento de su legalidad por parte de la revolución. Este proceso llevó a la aceptación de las condiciones existentes de gobierno, aun cuando representaban una contradicción al espíritu de la lucha armada.
La historia cuenta que al final, la revolución no alcanzó un cambio radical sino que se vio obligada a negociar con las estructuras de poder establecidas. Esta transacción marcó un hito en la política mexicana, ya que aunque se logró poner fin a una dictadura, la revolución también tuvo que lidiar con el desafío de adentrarse en el marco legal del régimen.
Próximos pasos para la historia revolucionaria de México incluyen la convocatoria a elecciones generales y el estudio de las expectativas del pueblo para poder cumplir con las demandas legítimas en el marco constitucional, hecho que será determinante en la configuración del nuevo gobierno mexicano.
Con información de milenio.com