Análisis de los avances sociales, la economía y los riesgos de continuidad del actual gobierno
Durante los primeros años del siglo XXI, los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional se negaron a reconocer la verdadera dimensión del problema de la pobreza y la desigualdad en México. A pesar de las cifras, prefirieron mantener una visión superficial y no implementar políticas efectivas para reducir estas brechas sociales. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) revela que sí es posible disminuir la pobreza y la desigualdad mediante acciones concretas.
Desde que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum asumieron sus cargos, el país ha experimentado cambios significativos en estas áreas. Se lograron avances notables gracias a dos estrategias principales: la implementación de programas sociales basados en transferencias directas y un incremento sostenido en el salario mínimo. Tras siete años de gestión, los datos muestran que casi diez millones de mexicanos han salido de la pobreza, y la desigualdad ha disminuido. Estos resultados, aunque positivos, plantean una interrogante fundamental: ¿son sostenibles en el largo plazo?
Junto con los datos sobre la reducción de la pobreza, se publicó también el informe trimestral de las finanzas públicas y los indicadores económicos relevantes. La principal preocupación radica en el crecimiento de la deuda pública, que, si bien todavía se mantiene en niveles manejables, ha experimentado un incremento sustancial y se encuentra en el nivel más alto del siglo en México. Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) continúa estancado, reflejando una economía que no ha logrado consolidar un crecimiento sostenido.
La presidenta de México celebró un cambio en la perspectiva económica para el próximo año, pasando de una estimación de -0.3 % a un crecimiento de 0.2 %. Sin embargo, tras un sexenio con nulo crecimiento bajo López Obrador, el país sigue en una situación de estancamiento económico. En términos reales, esto significa que el país se ha empobrecido, aunque las políticas sociales lograron reducir la pobreza y la desigualdad. La relación entre estos resultados y el manejo de la deuda pública evidencia que, aunque positivos, existen riesgos inherentes a la sostenibilidad de dichas políticas.
Para que la reducción de la pobreza y la desigualdad sea duradera, es imprescindible que la economía mexicana logre crecer de forma sostenida. La experiencia de países como Argentina y Venezuela funciona como un espejo en el que los gobiernos de Morena deben mirarse con atención. En Argentina, el kirchnerismo logró reducir significativamente la pobreza, que pasó del 58 al 30 %, y la pobreza extrema, o indigencia, bajó del 21 al 6 %. Sin embargo, su modelo fracasó rotundamente por el mal manejo económico y la corrupción, evidenciando que las políticas sociales por sí solas no garantizan la sostenibilidad.
En Venezuela, donde la izquierda mexicana también encontró inspiración en sus primeros años del siglo XXI, la reducción de la pobreza entre 1996 y 2014 fue notable. No obstante, el fracaso económico llevó al régimen a dejar de medir la pobreza, ante la evidencia de una crisis profunda. Estimaciones no oficiales indican que actualmente nueve de cada diez venezolanos viven en situación de pobreza, reflejando que las políticas sociales sin un crecimiento económico robusto pueden conducir a un colapso social y económico.
Los programas sociales son esenciales para corregir las profundas desigualdades sociales en México, pero no son suficientes por sí solos. Los verdaderos igualadores sociales están en el salario y en los servicios públicos de calidad, como salud, educación y movilidad urbana. La obsesión del gobierno de Claudia Sheinbaum por resolver problemas inmediatos, centrada en quién tiene la culpa, distrae de las medidas estructurales necesarias para un crecimiento sostenido y equitativo.
El riesgo que enfrenta México es similar al de Argentina y Venezuela: un posible pendulazo hacia modelos populistas que, sin un crecimiento económico sólido, terminarían por socavar la estabilidad democrática. La continuidad de las políticas actuales, en particular del llamado modelo 4T, dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para impulsar una economía que genere empleos y mejore los servicios públicos, en lugar de centrarse únicamente en transferencias sociales y discursos políticos.
Es imprescindible que las autoridades mexicanas asuman la responsabilidad de diseñar estrategias que aseguren un crecimiento económico sostenido. Solo así será posible mantener los avances en reducción de pobreza y desigualdad, evitando caer en los mismos errores de países que, por intentar resolver los problemas sociales sin un respaldo económico sólido, terminaron en crisis profundas y prolongadas.