A pesar de asignar recursos históricos, la implementación real del sistema enfrenta retrocesos y desafíos en coordinación y financiamiento.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la inclusión del Anexo Transversal 31, dedicado a la “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, representa un avance simbólico en la visibilidad de recursos destinados a un posible Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Se asignan aproximadamente 466.7 mil millones de pesos, que equivalen al 1.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, expertos en economía y políticas públicas advierten que este esfuerzo refleja más un ejercicio contable que una estrategia de política pública articulada y sustentable, ya que no implica mayores financiamientos ni un plan coordinado para promover un cambio profundo en las tareas de cuidado.
Uno de los aspectos más preocupantes radica en que la mayor parte del gasto —más del 80 %— se concentra en programas tradicionales como becas educativas, servicios de salud y pensiones para personas adultas mayores. Aunque estos componentes son fundamentales en materia de protección social, su asignación no contribuye directamente a transformar las condiciones laborales y sociales relacionadas con el cuidado, cuestiones que, según expertos, deben ser prioridad en la agenda del SNC para lograr una redistribución equitativa y un reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres.
Por otro lado, se observa una reducción significativa en programas específicos enfocados en servicios de asistencia social y atención a personas con discapacidad, con una caída del 18.6 % en el gasto real respecto a 2025, a pesar del anuncio de la creación del anexo. Esto refleja una tendencia preocupante: en lugar de fortalecer los apoyos necesarios para una sociedad del cuidado, las acciones parecen dirigirse a minimizar o fusionar estos programas, generando un panorama que podría aumentar la vulnerabilidad de grupos más dependientes, como mujeres cuidadoras, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
El desafío central del sistema de cuidados en México consiste en ir más allá de las transferencias monetarias y construir una infraestructura pública sólida que apoye la provisión, redistribución y remuneración del trabajo de cuidado en todo el país. Para ello, resulta indispensable diseñar una política pública que garantice metas claras y medibles, alineando cada peso invertido con acciones que promuevan la igualdad, la justicia social y la dignidad de quienes realizan estas tareas indispensables pero invisibilizadas.