El diputado Hugo Eric Flores afirma que no ha recibido influencias externas y mantiene el trámite en suspenso en medio de avances en investigaciones por corrupción.
En un escenario político marcado por procesos pendientes contra figuras del PRI, el legislador Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, confirmó que hasta ahora no ha enfrentado presiones externas para detener o acelerar el desafuero del senador Alejandro Moreno Cárdenas. Aunque en el pasado ha expresado interés en avanzar con los juicios políticos, las acciones concretas permanecen en pausa casi seis meses después de asumir su cargo. El legislador ha explicado que la demora se debe a la espera de información adicional por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, con quien mantiene comunicación para definir los pasos siguientes. Además, promovió una propuesta legislativa para reorganizar las instancias encargadas del ejercicio del juicio político, buscando hacerlas más efectivas y contrapesos del poder, aunque aún no ha sido aprobada. La iniciativa propone fusionar la subcomisión de examen previo con la Comisión Jurisdiccional, lo que facilitaría y aceleraría las acciones contra posibles responsables políticos. Históricamente, el proceso de desafuero en México ha sido utilizado como herramienta política, por ello la independencia y transparencia en este tipo de procedimientos resultan fundamentales para fortalecer la institucionalidad. La insistencia en mantener el proceso sin intromisiones externas refleja un compromiso con el Estado de Derecho, en un contexto en que el actual gobierno impulsa reformas y acciones para combatir la corrupción en todos los niveles de poder. En marzo de este año, Flores presentó un dictamen para rechazar el desafuero del exfutbolista acusado de tentativa de violación, demostrando la complejidad y sensibilidad del proceso. La posibilidad de que actores políticos busquen intervenir o torcer los procedimientos sigue siendo una preocupación, por lo que la declaración del legislador es vista como un intento de garantizar la autonomía del proceso y evitar influencias indebidas. Este escenario evidencia el delicado equilibrio entre las investigaciones judiciales y las decisiones legislativas, en un momento donde la rendición de cuentas y la transparencia son prioritarias para fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas.