La mandataria mexicana trabaja en negociar una solución con Vulcan Materials, enfrentada desde el gobierno anterior por un predio en Quintana Roo y un arbitraje internacional.
La administración de Claudia Sheinbaum está enfocada en cerrar un largo capítulo de disputas con una de las principales empresas mineras de Estados Unidos, Vulcan Materials. Este conflicto, heredado del gobierno pasado, involucra una zona en Quintana Roo que fue declarada Área Natural Protegida tras la operación de una cantera y una terminal marítima, ambas en poder de la compañía. La declaración de protección en 2024 impidió cualquier actividad minera, lo que generó una disputa legal y un arbitraje internacional promovido por la empresa.
El conflicto surgió debido a la extracción de piedra caliza para exportación, actividad que las autoridades mexicanas consideran que violaba permisos ambientales y que fue objeto de denuncias por parte del expresidente López Obrador, quien acusó a la firma de actuar con complicidad de administraciones anteriores. La clausura del predio La Rosita, en 2022, y la posterior pérdida del permiso de exportación, marcaron un punto de inflexión en la relación entre la empresa y el gobierno mexicano, culminando en la declaratoria de la zona como reserva natural y en ofertas del Estado para adquirir el terreno y negociar un posible uso alternativo.
Desde que se inició el arbitraje, el gobierno de Sheinbaum ha afirmado su interés en llegar a un acuerdo conciliatorio, explorando distintas opciones como la reconversión del suelo para el sector turístico o la compra del predio y la terminal marítima. Sin embargo, ha dejado en claro que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, reiterando la protección ambiental como prioridad. La disputa también ha tenido repercusiones diplomáticas, con Estados Unidos expresando preocupación por el impacto en las inversiones estadounidenses en México, y promoviendo acciones para evitar que incidentes similares afecten la confianza internacional.
Este intento de resolución refleja un esfuerzo de la administración actual por mantener buena relación con inversionistas internacionales, al tiempo que respeta las decisiones de protección ambiental y la soberanía del país en la gestión de sus recursos naturales.