La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las posibles anomalías en contratos otorgados por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, deben ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La mandataria enfatizó que esta entidad es responsable de la supervisión del manejo de recursos públicos en el país.
Sheinbaum explicó que la ASF tiene la facultad de detectar irregularidades a través de auditorías y, si es necesario, emitir observaciones. Además, aclaró que la Fiscalía General de la República solo podría intervenir si existe una denuncia formal por hechos delictivos relacionados con estos contratos.
La presidenta reafirmó que las instituciones deben operar dentro de sus competencias. Insistió en que el Gobierno de México no realiza investigaciones directas sobre este tipo de controversias, reservando dicha responsabilidad para los organismos autónomos encargados de la fiscalización.
Datos clave
- ¿Quién?: Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
- ¿Qué?: Remite revisión de contratos a la ASF.
- ¿Dónde?: México.
- ¿Cuándo?: Reciente declaración de la presidenta.
¿Qué rol tiene la Auditoría Superior de la Federación?
La Auditoría Superior de la Federación es el organismo encargado de auditar el uso de los recursos públicos en México. Su principal función es garantizar la transparencia y la correcta aplicación de los fondos públicos, identificando posibles irregularidades en la administración de estos recursos.
El papel de la ASF es fundamental para mantener la rendición de cuentas en el gobierno. Esto incluye no solo la revisión de contratos, sino también la entrega de informes que pueden llevar a consecuencias políticas o legales si se encuentran anomalías significativas.
¿Cuál es la posición del Gobierno federal en asuntos de auditoría?
El Gobierno federal, según lo señalado por Sheinbaum, se limita a coordinar y facilitar el trabajo de las instituciones responsables de la fiscalización. Esto implica que cualquier investigación relacionada con el uso indebido de recursos no recae directamente en el Ejecutivo, sino en las entidades autónomas que están establecidas con ese propósito.
Esta separación de responsabilidades busca evitar conflictos de interés y fortalecer la autonomía de las instituciones encargadas de supervisar la gestión pública.
El seguimiento a las acusaciones y auditorías se mantiene activo, garantizando que cualquier irregularidad sea tratada conforme a lo que las leyes estipulan, resaltando la importancia del marco normativo en la administración pública.
Con información de elvigia.com.mx