Ciudad de México. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el 7 de mayo de 2026, que su administración no protegerá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico. Exigió que las autoridades de Estados Unidos presenten pruebas sólidas en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, antes de que se tomen medidas legales.
Sheinbaum Pardo destacó que el sistema penal acusatorio en México requiere evidencia concreta antes de ejecutar órdenes de aprehensión. Resaltó que esto aplica por igual a cualquier individuo, sin distinción de su cargo. Reiteró que si hay pruebas, estas deben ser presentadas.
Además, la presidenta de la República informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado formalmente a EE.UU. las evidencias que sustentan los cargos. La documentación recibida por el gobierno mexicano, según dijo, carecía de un respaldo probatorio necesario conforme al tratado de extradición en vigor desde 1980. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha abierto su propia investigación sobre los hechos relacionados con Rocha Moya.
Los problemas surgieron el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por varios delitos. Entre ellos se incluyen la conspiración para importar y distribuir narcóticos en EE.UU., posesión de armas de grado militar y corrupción institucional. Los cargos sugieren que Rocha Moya realizó acuerdos con líderes del Cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2021.
El gobernador Rocha Moya ha rechazado enérgicamente las acusaciones, tildándolas de una estrategia para amenazar la soberanía nacional. La Fiscalía General de la República determinó que no era posible ejecutar una detención provisional en este caso, dados los elementos probatorios insuficientes presentados hasta ahora por EE.UU. También se enfatizó que cualquier posible injerencia extranjera en asuntos internos será resistida.
Con información de zetatijuana.com