Ciudad de México. - La red de conexiones entre políticos de Morena y el crimen organizado se intensifica tras la reciente movilización judicial en EE. UU. contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La acusación de narcotráfico y posesión de armas ha reavivado el debate sobre la corrupción en la política mexicana.
Las autoridades estadounidenses han solicitado la extradición de Rocha Moya, provocando una respuesta airada del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. La postura oficial se basa en la defensa de la soberanía nacional, argumentando la falta de pruebas en el caso presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, esta defensa ha sido interpretada como un intento de proteger a un funcionario acusado de recibir financiamiento del crimen organizado para campañas políticas. La Fiscalía General de la República (FGR) se enfrenta a críticas por su aparente inacción, subrayando una responsabilidad de investigar en lugar de encubrir.
Mientras tanto, la presión de Estados Unidos para aumentar el control sobre el narcotráfico en México se torna cada vez más evidente. La Casa Blanca ha formulado una estrategia nacional que exige mayores esfuerzos en la lucha contra los cárteles, lo que podría impactar en la estabilidad de los políticos que se encuentren en la mira.
Con el horizonte político en tensión, la inminente detención de Rocha Moya podría abrir la puerta a la justicia contra otros involucrados en actividades delictivas. La potencial revelación de redes de narcotráfico dentro del gobierno pone en jaque la imagen de la administración actual, desafiando la narrativa de un cambio y una nueva forma de gobernar.
Con información de impacto.mx