La Presidenta confirma que no se implementarán estrategias militares y pide priorizar la justicia social y el combate a la impunidad para garantizar la seguridad.
En una declaración reciente, la mandataria indicó que su administración no planea regresar a políticas tradicionales de confrontación militarista para afrontar la violencia en Michoacán. La estrategia oficial se basa en abordar las causas fundacionales del problema, promover la investigación y garantizar la justicia, descartando enfoques que hayan generado más violencia en el pasado. La presidenta también reiteró que México mantiene su soberanía frente a posibles intervenciones extranjeras, aunque se está abierto a compartir información y reforzar la inteligencia en colaboración con Estados Unidos, siempre respetando la independencia del país. Expertos señalan que priorizar la justicia social y fortalecer los sistemas judiciales son elementos clave para lograr una paz duradera en regiones afectadas por el crimen organizado. La decisión refleja un cambio en la política de seguridad, enfocándose en soluciones a largo plazo en lugar de medidas represivas.