La designación de cinco nuevos magistrados en la justicia administrativa ha generado críticas por su afinidad política, cuestionando la independencia del poder judicial.
El Senado de México culminó el proceso para asignar cinco nuevos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa, personajes con historial laboral ligado a gobernantes y funcionarios morenistas. La elección ha suscitado polémica al ser señalada por algunos legisladores como un posible riesgo a la imparcialidad del órgano judicial, dado que los perfiles trabajan o han trabajado en cargos vinculados a la administración del partido en el poder.
La selección de estos profesionales refleja un contexto donde la cercanía con Morena predomina en los cargos públicos relacionados con la justicia administrativa, levantando debate sobre la separación de poderes en el país. Si bien se argumenta que cumplen con los requisitos técnicos y legales, críticos señalan que su afinidad política puede comprometer la objetividad en la resolución de controversias entre la administración pública y particulares.
Este nombramiento coincide con una tendencia en las instituciones mexicanas donde el partido en el poder refuerza su presencia en órganos autónomos y judiciales, afectando la percepción de independencia del sistema de justicia. La función de estos tribunales es fundamental para mantener el equilibrio institucional y sancionar posibles irregularidades de los funcionarios públicos, por lo que su selección debe garantizar la imparcialidad y transparencia.
Entre los nuevos magistrados destacan figuras como Ariadna Camacho Contreras —que ha desempeñado roles en el sector turístico y en Petróleos Mexicanos— y Selene Cruz Alcalá, con experiencia en la Secretaría del Trabajo y en órganos jurídicos del gobierno federal. La integración de perfiles con trayectorias en administraciones afines al actual régimen reitera el interés de fortalecer la presencia política en las instancias judiciales, a pesar de las críticas por posible parcialidad.
El debate continúa sobre cómo estos nombramientos afectarán la percepción de independencia judicial en México, la cual es esencial para la credibilidad del sistema democrático y la confianza ciudadana en la justicia.