Analistas sugieren que el esquema de protección civil en México requiere reconsideración ante riesgos potenciales para la mandataria.
La protección de las autoridades de alto nivel en México continúa siendo un tema de discusión ante recientes incidentes en los que las figuras públicas han sido vulneradas. La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sufrió un hecho aislado de acoso en el centro histórico, lo que ha reavivado el debate sobre los esquemas de seguridad que la resguardan. Especialistas en seguridad consideran que, si bien en otros países la protección presidencial está a cargo de unidades altamente especializadas, en México los modelos actuales podrían estar en la cuerda floja frente a amenazas crecientes.
A nivel internacional, líderes como el presidente de Estados Unidos o el mandatario ruso disponen de grupos soberanos especializados que garantizan su integridad las 24 horas del día. En contraste, las reformas implementadas en México en años recientes han trasladado la responsabilidad de la protección a grupos civiles, eliminando estructuras militares tradicionales como el Estado Mayor Presidencial.
Desde 2019, el esquema de protección de la mandataria capitalina se basa en una ayudantía encabezada por civiles, una diferencia significativa respecto a los cuerpos militares que históricamente resguardaron a los presidentes mexicanos. La amenaza constante y cualquier vulnerabilidad en la seguridad pueden derivar en consecuencias graves, por lo que expertos llaman a una revisión integral que contemple los riesgos actuales y la evolución de las amenazas.
El debate sobre la eficiencia y suficiencia de los esquemas de protección en México se reabre, subrayando la importancia de adaptar las medidas a las exigencias de seguridad modernas y garantizar la integridad de quienes ejercen cargos públicos en un contexto cada vez más complejo.