El concepto de seguridad humana ha sido utilizado en Colombia con propósitos políticos que han desnaturalizado su significado original. Recientemente, el candidato presidencial Iván Cepeda abordó este tema, generando un debate sobre su validez y la respuesta estatal ante grupos armados ilegales.
Este enfoque ha llevado a cuestionar las acciones de la Fuerza Pública, reconfigurando las operaciones militares como violaciones a la seguridad humana. De esta manera, se presenta la violencia como una reacción natural a privaciones sociales, lo cual distorsiona la percepción del deber del Estado en la protección de sus ciudadanos.
Históricamente, la seguridad humana surgió como una defensa del derecho de cada individuo a vivir sin amenazas. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la identificación de diversas dimensiones de la seguridad, el enfoque ha enfatizado la necesidad de un Estado fuerte que asegure la paz y el orden, lejos de limitarse a un discurso político.
En contraposición, el uso político de este concepto en Colombia ha buscado deslegitimar la acción coercitiva del Estado, situando a los grupos armados ilegales en el rol de víctimas. Este cambio de narrativa presenta un dilema, ya que en la práctica, la debilidad institucional puede poner en peligro a los ciudadanos más vulnerables.
La gran pregunta que surge es si la propuesta de un enfoque participativo de la seguridad, promovido por Cepeda con su lema "Territorios sin armas, comunidades con Estado", puede realmente responder a la creciente violencia y la consolidación de grupos armados ilegales en el país.
Con información de eltiempo.com