La Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta que los gobiernos no podrán cobrar por entregar datos en formatos digitales ni en copias físicas, fortaleciendo el derecho a la transparencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un precedente que asegura el acceso gratuito a la información pública en todo el país. La resolución prohíbe a los gobiernos locales cobrar por la entrega de documentos en formato digital, aclarando que los recursos digitales no deben ser objeto de pago, salvo por el soporte físico si el ciudadano lo aporta. Asimismo, se determinaron límites justos para las tarifas en copias y certificados, eliminando cobros injustificados que discriminaban a los usuarios, especialmente a estudiantes y académicos. La decisión responde a acciones promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras detectar tarifas excesivas en municipios de Michoacán, Durango y Guerrero. Esta medida refuerza el compromiso de garantizar la transparencia, la igualdad y la libertad de acceso a la información, promoviendo un gobierno abierto y responsable en todos los niveles. La normativa refuerza además el principio constitucional de gratuidad, facilitando que cualquier ciudadano pueda acceder a los datos oficiales sin obstáculos económicos.